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El Gobierno disimula su inquietud sobre la legislatura por la corrupción

De hecho, Vigo ha pedido “guardar la calma”, un mensaje que ha acompañado del ya tradicional sobre la justicia: “La justicia funciona. Deberán responder ante los ciudadanos si creen que esa es la función de un partido político o no”, ha emplazado. El PSOE ha anunciado precisamente este viernes que se va a presentar como acusación particular en el caso que afecta a González por la dimensión, gravedad, la alarma social que se ha creado y porque afecta gravemente a los intereses de ciudadanos, instituciones y empresas públicas”. No es bueno sembrar la duda sobre el sistema judicial español. “Este caso está bajo secreto judicial” y, aunque “escuchamos filtraciones”, desde el Gobierno “no hacemos valoraciones sobre filtraciones u opiniones”. Pese a la preocupación imperante, el Gobierno dice estar “convencido de la que los partidos saben que España necesita unos presupuestos para continuar con la senda crecimiento y de progreso social

Pese a la preocupación imperante, el Gobierno dice estar “convencido de la que los partidos saben que España necesita unos presupuestos para continuar con la senda crecimiento y de progreso social”. De puertas para fuera, el Gobierno señala que no cree que los últimos casos de presunta corrupción sobre los que se han iniciado operaciones policiales, como la llamada operación Lezo, vayan a afectar a los pactos realmente importantes y decisivos para la legislatura, como son los Presupuestos Generales del Estado. Pese a la operación Lezo, el Ejecutivo se remite a su acción legislativa de lucha contra la corrupción desde que Rajoy llegó a La Moncloa en 2012. En este caso, el portavoz ha recordado que fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quien puso en manos de los tribunales la cuestión, pero ha obviado que lo hizo después de conocer un informe de la oposición al respecto de esas operaciones. El PSOE se persona como acusación particular y pedirá a José Manuel Maza que aparte al fiscal Anticorrupción, Manuel Moix

El ministro ha insistido en no hacer especulaciones sobre el caso y ha dejado en manos de PSOE y Ciudadanos la decisión de presentarse como acusación particular en el caso del Canal de Isabel II: “Es asunto de ellos. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Cultura y portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha sacado a relucir todas las iniciativas legislativas aprobadas por el anterior Gobierno popular para luchar contra la corrupción. Pese a la operación Lezo, el Ejecutivo se remite a su acción legislativa de lucha contra la corrupción desde que Rajoy llegó a La Moncloa en 2012

Toda esta retahíla de acciones “van por la transparencia, la claridad y la mayor contundencia en las penas” en los supuestos casos de corrupción que puedan darse, según el portavoz. La imagen de Rajoy en el banquillo para declarar como testigo en el caso Gürtel y de la antigua cúpula del PP de Madrid bajo sospecha escuece y encarecerá las negociaciones. Por el contrario, ha resaltado que “la Fiscalía es independiente” y que “ha emitido un comunicado” al respecto, y que el Gobierno no puede hacer otras cosa más que remitirse a ese comunicado. Los jueces funcionan. Además, Vigo ha puesto dos ejemplos con los que ha querido evidenciar que el Gobierno, cuando ha tenido conocimiento de presuntas acciones irregulares ha actuado poniéndolo en conocimiento de la Fiscalía para que investigue. “Todos los caminos conducen al PP”, según ha señalado el portavoz Antonio Hernando en rueda de prensa, quien también ha informado de que tras pedir la comparecencia en el Congreso del fiscal general del Estado, le reclamarán que abra expediente disciplinario al fiscal jefe Anticorrupción y le separe del servicio. Hay estado de Derecho, que es garantía de la democracia”

Las informaciones sobre el fiscal general del Estado y el fiscal jefe Anticorrupción en la operación Lezo forman parte de los “dimes y diretes” que abundan estos días

Precisamente sobre la operación Lezo, Vigo ha guardado silencio por estar el caso bajo secreto de sumario y ha pedido respeto a la presunción de inocencia. Así, ha citado la reforma de la financiación de los partidos políticos, aprobada en el primer consejo de Ministros de la era Rajoy; la ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, aprobada en los primeros 100 días de gobierno; la ley orgánica de reforma del Cdigo Penal, de control económico y financiero de los partidos políticos; la creación de la oficina de gestión recuperación de activos; la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal; pero también medidas como los compromisos de prohibir pagos en efectivo superiores a 2.000 euros o no conceder indultos en casos de corrupción. Pero de puertas para dentro, admiten que hay preocupación y, como no ven totalmente despejado el peligro de que la legislatura pueda acortarse, llaman a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para que se avengan a pactar las cuentas. En este sentido, Vigo se ha limitado a indicar que estas informaciones forman parte de los “dimes y diretes” que a su juicio abundan estos días. El ministro citó el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, donde la Fiscalía conoció los hechos de la denuncia del Gobierno, y ahora con el caso del Canal de Isable II y las operaciones presuntamente fraudulentas en Latinoamérica. Hay que dejar que los jueces trabajen sin injerencias. De esta forma, el dirigente ha venido a argumentar que el Ejecutivo ha hecho los deberes en esta materia con “acciones legislativas” y que en el Ejecutivo central ha dominado la “voluntad legislativa” y la “voluntad de acción”. Así, recuerdan que “el interés de los ciudadanos abunda en esa necesidad” y, pese al martilleo constante que suponen las nuevas informaciones sobre presunta corrupción que afectan a dirigentes de su partido, el Gobierno continúa con unas negociaciones sobre las cuentas “que no son fáciles”, y conscientes de que “tenemos 132 diputados y necesitamos 176”. Desde el Gabinete de Rajoy insisten en llamar a la “responsabilidad” de los grupos parlamentarios sobre “lo que es importante en estos momentos” y adoptan una postura de aparente tranquilidad. Por el contrario, “respetamos las investigaciones, las acciones judiciales y acatamos sus decisiones”, ha zanjado. Y por último, el portavoz se ha referido a las informaciones referidas al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y al fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, y que señalan que habrían intentado frenar el registro a Ignacio González antes de iniciarse la operación policial contra él.